Uno de los muchos problemas a los que se enfrentan las personas que sufren okupación en alguno de sus inmuebles es enfrentarse a esas personas y conseguir echarlas de la vivienda ya que, normalmente, los okupas tienen claras las estrategias y tretas a las que se pueden acoger para mostrarse como vulnerables y que la Policía o la justicia no pueda hacer nada de manera inmediata.
Sobre esto ha hablado el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro, quien ha publicado un libro llamado 'Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble', el cual presenta como un manual sobre «uno de los más graves problemas que existen en la actualidad y que se ha perpetuado en el tiempo sin que se hayan adoptado medidas para luchar contra un fenómeno detrás del cual la sensación y sensibilidad de la sociedad es que existe una absoluta impunidad», indicaba Magro en 'La trinchera' de esRadio.
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Además, ha afirmado que «la Ley de Vivienda ha perdido una tremenda oportunidad de resolver un problema que curiosamente solo tenemos en España dentro del entorno europeo», comparándola con la situación de otros países como Italia , Francia, Alemania, Hoanda o Bélgica, donde afirma que muchos casos se resuelven en 72 horas «como debe ser».
Así, uno de los aspectos que trata en este libro es el de cómo poder echar a un okupa, refiriéndose concretamente a los inquiokupas, es decir, las personas a las que se les alquila un piso y dejan de pagar pero no abandonan el inmueble. Estas, según indica el magistrado, no suelen considerarse como okupación sino como un impago de la renta, algo que se suele tratar por la vía civil.
El factor vulnerabilidad
Otro de los elementos que el magistrado apunta como causantes de que los procesos de denuncia de okupación sean tan lentos es el hecho de que los inquilinos ilegales se acojan a informes de vulnerabilidad, algo que, según Magro, debería de estudiarse con mayor profundidad. «La Ley debería establecer un filtro de averiguación y no darla por supuesta», expone el magistrado, indicando que muchos propiedarios denuncian que los Servicios Sociales conceden la culnerabilidad por teléfono, sin hacer comprobaciones físicas o de otros tipos.
«Por eso, muchos juristas estamos reclamando una Ley Integral del fenómeno de la okupación que dé respuesta a todo esto, porque esto es lo que se hace en un Estado de derecho y lo que da seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores jurídicos», apunta también el experto.
